Redacción Mendoza Times
El conflicto por los fondos para la educación superior sumó un capítulo adverso para el Poder Ejecutivo en los tribunales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad la recusación que el gobierno de Javier Milei había presentado contra los jueces federales que intervienen en la medida cautelar que exige el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.
Con las firmas de los magistrados Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el máximo tribunal calificó la presentación oficialista como "inadmisible". De esta manera, se despejó uno de los últimos artilugios procesales que restaban antes de que la Justicia dicte una resolución definitiva sobre el fondo del amparo colectivo.
La estrategia jurídica de la Casa Rosada consistía en impugnar a los magistrados de las instancias previas bajo la premisa de que, al desempeñarse también como docentes en distintas altas casas de estudio, no contaban con la neutralidad necesaria para resolver el litigio.
Sin embargo, el tribunal supremo desestimó el planteo de forma taxativa:
"No se puede inferir, en las actuales circunstancias, que tengan todos ellos un interés personal en la resolución del pleito que afecte o pueda afectar su imparcialidad", sentenciaron los ministros de la Corte.
El expediente se originó tras la presentación judicial llevada adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Las universidades públicas exigen que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el presidente Milei vetó la ley de financiamiento aprobada por el Congreso, y solicitaron una cautelar de emergencia para reactivar de inmediato el envío de partidas presupuestarias.
Sabiendo que el escenario en los tribunales se tornaba desfavorable, los funcionarios de la administración nacional reactivaron las mesas de diálogo con los rectores con la intención de destrabar el conflicto por la vía política antes de que hable la Corte.
En los pasillos de Gobierno se analiza el relanzamiento de un proyecto de actualización presupuestaria —archivado desde febrero— junto con una propuesta de recomposición salarial del 24% para los docentes y no docentes universitarios. La intención oficial es lograr que el sistema universitario desista de la vía judicial a cambio de estas mejoras.
Pese al acercamiento, las autoridades de las universidades públicas adelantaron que las discusiones salariales de coyuntura no modifican el reclamo de fondo. Para el sistema educativo, el objetivo sigue siendo el cumplimiento irrestricto de la ley vetada, por lo que la decisión de la Corte Suprema se leyó como un fuerte respaldo a la institucionalidad del reclamo.
