Redacción Mendoza Times
El sistema de salud privado de Mendoza se encamina hacia una transformación estructural con el objetivo de revertir una estadística alarmante: 8 de cada 10 bebés nacen por cesárea en clínicas y hospitales privados de la provincia. El Ministerio de Salud de la Provincia dispondrá, a partir de julio de 2026, la implementación de una nueva estrategia sanitaria que busca revalorizar el parto vaginal, fisiológico y seguro, restringiendo la intervención de médicos obstetras de cabecera ajenos al personal permanente de los centros de salud.
La medida, articulada junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se aplicará inicialmente en el Gran Mendoza. El nudo central del nuevo esquema establece que los nacimientos sean atendidos de forma exclusiva por el médico de guardia obstétrica, indistintamente de qué profesional haya realizado el seguimiento de la paciente durante los meses de gestación. El médico de cabecera solo podrá ingresar a la sala de parto si forma parte del personal estable o del esquema de guardias de esa institución médica en particular.
La normativa generó tensiones y opiniones encontradas en la comunidad médica y entre las futuras madres desde que se anunciaron sus primeros lineamientos.
Preocupación por el vínculo: Desde algunos sectores médicos se manifestó preocupación debido a la pérdida del vínculo de confianza de la embarazada, advirtiendo que el obstetra de cabecera es quien conoce las patologías previas y la historia clínica completa de la paciente ante posibles complicaciones.
Acompañamiento de las asociaciones: Por su parte, agrupaciones de obstetras confirmaron que acompañarán la decisión del Gobierno, asumiendo que el incremento en las tasas de cesáreas es un marcador crítico de salud pública sobre el cual se debe intervenir urgentemente.
Modelo de maternidad cerrada: Desde el ámbito institucional de las clínicas se ratificó que el proyecto busca reconvertir los centros hacia un modelo cerrado: si el profesional externo no se encuentra adherido formalmente al servicio de consultorios o guardias de la institución, no podrá asistir al nacimiento.
Desde el Ministerio de Salud de Mendoza puntualizaron que los parámetros médicos estipulan que solo entre un 10% y un 15% de las mujeres presentan indicaciones médicas reales o complicaciones que justifiquen una cesárea. El resto corresponde a decisiones del sistema que muchas veces no respetan la voluntad de las mujeres que desean un parto natural.
Las autoridades sanitarias derribaron el mito de que la cesárea programada sea una opción más rápida o segura de forma generalizada, detallando las consecuencias de realizar cirugías innecesarias sin esperar el proceso natural de maduración biológica:
Riesgos maternos: Al tratarse de una operación abdominal mayor, la madre se expone a corto plazo a sufrir infecciones generalizadas, hemorragias severas o lesiones accidentales en órganos internos.
Riesgos neonatales: Los niños nacidos por cesárea sin justificación médica registran un mayor índice de problemas respiratorios, como la taquipnea transitoria, debido a que no transitan por la compresión natural del canal de parto, lo que eleva el porcentaje de ingresos a las salas de neonatología.
Para desalentar la programación de cirugías por conveniencia horaria o económica, la cartera de Salud provincial diseñó un arancel único y universal por nacimiento que impactará directamente en las obras sociales y empresas de medicina prepaga.
El costo total por nacimiento se fijará en $1.300.000, el cual será abonado directamente a las clínicas y sanatorios privados. Dentro de esta estructura de costos, se determinó que el profesional encargado del control del embarazo percibirá una suma fija de $320.000, mientras que el médico que asista efectivamente el parto cobrará $195.000. Como medida compensatoria para los profesionales que realizan los controles rutinarios, el sistema estipula que el médico derivador conservará el 25% del total del arancel, independientemente de si asiste o no al momento del nacimiento.
