Redacción Mendoza TimesEl EPRE sancionó a Edemsa y otras dos cooperativas eléctricas de Mendoza por deficiencias detectadas en la calidad técnica del servicio. Las resoluciones fueron publicadas este lunes en el Boletín Oficial y establecen multas que, en distintos casos, deberán traducirse en bonificaciones para los usuarios afectados.
Las penalizaciones surgen de los controles realizados sobre los parámetros de calidad previstos en los contratos de concesión. El esquema contempla que parte de los montos sea acreditada directamente a clientes según el tipo de suministro.
La sanción de mayor monto corresponde a Edemsa, mientras que las otras dos resoluciones alcanzan a cooperativas que prestan el servicio en distintas zonas de la provincia.
Los importes establecidos por el organismo regulador son:
En el caso de Edemsa, más de $3.495 millones serán destinados a bonificar las facturas de usuarios con suministro en baja tensión.
A esto se suman otros $239 millones correspondientes a clientes de media y alta tensión. El resto de la sanción contempla asignaciones para el fondo compensador tarifario y cuentas de acumulación.
La resolución correspondiente a CECSAGAL establece que más de $113 millones del monto sancionado serán acreditados directamente a usuarios conectados en baja tensión.
El saldo restante será destinado al fondo compensador provincial, de acuerdo con el esquema fijado por el organismo de control.
En tanto, la sanción aplicada a la Cooperativa de Electrificación Rural Alto Verde y Algarrobo Grande corresponde a un incumplimiento vinculado con la calidad del producto técnico. El período analizado no registró apartamientos en los indicadores globales.
Las distribuidoras alcanzadas por las resoluciones deberán aplicar los descuentos correspondientes en las próximas facturaciones.
La acreditación deberá realizarse siguiendo las pautas regulatorias establecidas por el EPRE, que incluyen los criterios de actualización previstos para cada sanción.
Además, las resoluciones contemplan la aplicación automática de intereses punitorios en caso de que se produzcan demoras en la acreditación de los fondos destinados a los usuarios afectados.
