Redacción Mendoza Times
La Municipalidad de Guaymallén recibió la autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para avanzar con una emisión de deuda de hasta $10.000 millones. La medida habilita a las entidades financieras a adquirir los títulos que emitirá la comuna, aunque no significa que los fondos ya hayan sido desembolsados.
La decisión se conoce en medio del conflicto salarial entre el Ejecutivo municipal y los trabajadores, luego de la eliminación de un bono compensatorio para parte del personal y la aplicación de recortes en los sueldos de los funcionarios políticos.
La conformidad del organismo monetario quedó establecida en la Comunicación “A” 8495/2026, fechada el 22 de octubre y publicada el miércoles 28 en el Boletín Oficial de la Nación. El documento establece que el BCRA no formula objeciones a la compra de bonos sociales, verdes y sustentables (SVS) emitidos por la administración que conduce el intendente Marcos Calvente.
El proceso de financiamiento comenzó en mayo, cuando el Gobierno de Mendoza autorizó a Guaymallén a emitir títulos de deuda por un máximo de $10.000 millones. La medida quedó formalizada mediante el Decreto provincial 870/2026 y contempla la colocación de instrumentos en el mercado de capitales.
Los bonos podrán contar con tasas de interés fijas o variables, vinculadas estas últimas a las referencias BADLAR o TAMAR, y tendrán un plazo de vencimiento de hasta 24 meses. Para garantizar el pago, el municipio podrá comprometer recursos de la coparticipación y otros ingresos propios.
Si bien la autorización inicial contemplaba distintos destinos vinculados con infraestructura, equipamiento, modernización municipal, gestión ambiental y renovación del parque automotor, un informe de Moody's Local Argentina publicado el 2 de septiembre indicó que la totalidad de los recursos de los bonos Serie I se destinará al Parque Solar Guaymallén.
El emprendimiento se desarrollará en un terreno municipal que funcionó como basural a cielo abierto hasta 2001. La inversión principal fue estimada en 6,38 millones de dólares más IVA, equivalentes a unos $11.677 millones según el tipo de cambio utilizado en el informe. A ese monto se suman aproximadamente 404.739 dólares por obras complementarias.
De acuerdo con las proyecciones, la emisión de $10.000 millones permitiría cubrir cerca del 86% de la inversión principal, mientras que el resto se financiaría con recursos propios de la comuna.
El proyecto incluye cinco campos fotovoltaicos, denominados Arenas, Torrontegui, Radio Nacional, Los Patitos y El Chilcal. En conjunto, tendrían una capacidad estimada de generación de 13.206 MWh anuales durante el primer año de funcionamiento.
La electricidad producida se incorporaría a la red de EDEMSA mediante el régimen de generación distribuida. Según las estimaciones técnicas, el parque permitiría reducir entre un 35% y un 40% el gasto municipal en electricidad y evitar la emisión de unas 5.670 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año.
En cuanto al empleo, se prevé la creación de alrededor de 20 puestos de trabajo directos durante la construcción y entre tres y cinco empleos permanentes para las tareas de operación y mantenimiento.
La autorización del Banco Central representa un paso para concretar la operación financiera, pero no confirma que los bonos ya se hayan colocado ni que el dinero esté disponible para ejecutar las obras.
Mientras avanza el esquema de financiamiento, la administración de Calvente enfrenta reclamos sindicales por las medidas implementadas para contener el gasto. Desde el municipio atribuyeron las dificultades presupuestarias a la caída de los ingresos por coparticipación y de la recaudación propia.
Una de las decisiones más cuestionadas fue la eliminación de un bono compensatorio de $350.000 que percibían unos 2.450 trabajadores, más del 80% de la planta municipal. El beneficio se mantuvo para aproximadamente 500 empleados con ingresos inferiores a $1.200.000.
El intendente sostuvo que la suspensión del adicional regirá por tiempo indeterminado y que una eventual restitución dependerá de la evolución de las finanzas municipales. Además, estimó que la comuna cerrará 2026 con un 20% menos de recursos respecto de lo previsto inicialmente.
A esta medida se sumó una reducción del 10% en los salarios del intendente y de los funcionarios políticos, junto con el congelamiento de esas remuneraciones durante seis meses. La decisión fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante.
El recorte también modificó la relación entre el sueldo de Calvente y el del gobernador Alfredo Cornejo: pasó de representar el 95% al 85% de la remuneración provincial. La reducción alcanza, además, a las autoridades cuyos haberes se calculan en función del salario del jefe comunal.
Las medidas provocaron protestas y acciones gremiales del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Guaymallén (SOEMG). Las partes iniciaron negociaciones bajo conciliación obligatoria, aunque todavía persisten diferencias sobre las propuestas salariales.
La próxima reunión está prevista para el miércoles de la semana siguiente en la Subsecretaría de Trabajo, en busca de acercar posiciones y avanzar hacia un acuerdo.
En paralelo, Guaymallén recibió una transferencia de $1.703 millones del Gobierno de Mendoza, correspondiente al régimen de compensación establecido por la Ley 8.127.
Desde la comuna aclararon que esos recursos no constituyen un rescate financiero ni un adelanto extraordinario, sino una asignación prevista legalmente para compensar a los municipios que reciben menores ingresos de coparticipación por habitante.
El dinero formó parte de la liquidación correspondiente a la segunda quincena de septiembre, período en el que Guaymallén recibió aproximadamente $6.259 millones entre coparticipación y compensación.
La distribución quedó formalizada mediante la Resolución 223 del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Mendoza.
Así, la comuna busca avanzar con el financiamiento de un proyecto de energía renovable mientras enfrenta restricciones presupuestarias y mantiene abiertas las negociaciones con sus empleados. La emisión de deuda dependerá de la concreción de la operación en el mercado de capitales, mientras que el conflicto salarial continúa sin una resolución definitiva.
