Redacción Mendoza TimesLa causa judicial por presuntas irregularidades en ARSAT sumó un nuevo nombre mendocino. La Justicia Federal investiga ahora a Gerardo Boschín, exgerente de Administración y Finanzas de la empresa estatal, por supuestos retornos relacionados con licitaciones y contratos de logística realizados durante 2021.
La investigación tomó impulso tras la detención del ex titular de ARSAT, Facundo Leal, y apunta a una presunta estructura de beneficios cruzados entre funcionarios y empresarios privados. En el expediente aparecen contratos vinculados al resguardo de materiales y alquileres de depósitos que habrían sido direccionados mediante pagos ilegales.
Según la investigación, Boschín habría actuado como intermediario entre empresarios privados y sectores internos de ARSAT durante distintos procesos administrativos. Su firma aparece en varios expedientes bajo análisis y los investigadores sostienen que mantenía contacto directo con algunos de los contratistas involucrados.
Entre las pruebas incorporadas a la causa figuran conversaciones recuperadas de teléfonos secuestrados durante los allanamientos. En uno de esos intercambios se mencionan supuestos pagos en dólares destinados al exfuncionario mendocino.
En las últimas semanas se realizaron procedimientos en Mendoza, Ciudad de Buenos Aires y Nordelta. Durante los operativos, la Justicia secuestró documentación y otros elementos considerados relevantes para avanzar con la investigación.
Además, el expediente comenzó a enfocarse sobre el crecimiento patrimonial de algunos acusados. Los investigadores detectaron operaciones vinculadas a camionetas de alta gama registradas poco después de adjudicaciones millonarias dentro de la empresa estatal. También analizan transferencias de vehículos entre algunos de los involucrados.
Boschín había continuado dentro de la estructura nacional luego de su paso por ARSAT. Hasta enero de 2026 ocupó un cargo en Trenes Argentinos Operaciones, en medio del desembarco de dirigentes mendocinos en distintas áreas del Gobierno nacional.
Su salida coincidió con cambios dentro de la Secretaría de Transporte y con el alejamiento de otros funcionarios ligados al mismo espacio político. Ahora, la causa judicial busca determinar si existió una red de maniobras irregulares alrededor de contrataciones estatales y posibles beneficios económicos ilegales.
