Argentina deberá pagar por la expropiación de Aerolíneas Argentinas

La Justicia estadounidense volvió a fallar contra la Argentina en el litigio iniciado por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. La Cámara de Apelaciones de Washington confirmó la resolución de primera instancia y dejó firme la obligación del país de pagar más de US$390 millones al fondo Titan Consortium.

El reclamo se originó por la estatización de la aerolínea de bandera durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2008. El conflicto judicial comenzó años después y llegó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que en 2017 condenó al Estado argentino a indemnizar a los antiguos accionistas por unos US$321 millones, más intereses y costos del proceso.

Un fallo que mantiene vigente la condena del CIADI

Argentina intentó dejar sin efecto la resolución arbitral, pero el laudo quedó firme en 2019. A partir de entonces, Titan Consortium —que adquirió los derechos económicos del reclamo de Teinver y otros accionistas— inició en 2021 el proceso para que la Justicia estadounidense reconociera y ejecutara la sentencia.

El punto central de la discusión estuvo en el plazo de prescripción que debía aplicarse al reclamo. La defensa argentina sostuvo que la demanda debía considerarse vencida bajo un límite de tres años, mientras que el fondo reclamante planteó que correspondía un período de 12 años.

En 2024, la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia aceptó el criterio de los demandantes y reconoció una deuda de US$390.907.115,55 calculada al 10 de diciembre de ese año, a la que se sumarían los intereses posteriores.

La apelación argentina no prosperó

El Gobierno argentino apeló la decisión y volvió a insistir en la aplicación del plazo de tres años, pero el tribunal de segunda instancia ratificó el fallo anterior y confirmó que el período válido era de 12 años.

De esta manera, quedó vigente la condena por más de US$390 millones, aunque el monto final podría incrementarse por los intereses acumulados.

Desde la Procuración del Tesoro informaron que analizan las alternativas legales disponibles para intentar revertir o reducir el impacto económico de la sentencia. Además, cuestionaron el origen del conflicto y señalaron que forma parte de una serie de juicios internacionales derivados de decisiones tomadas por administraciones anteriores.